Comunidad China de Costa Rica apoya iniciativa de Johanna Obando para que existan más competencia entre proveedores 5G
Nota redactada por: Tatiana Gutiérrez Wa-chong para Comunidad China de Costa Rica
Un proyecto de ley de Johanna Obando, diputada del Partido Liberal Progresista, pretende impulsar una mayor competencia entre los proveedores de servicios 5G, de aprobarse no se excluiría a las empresas chinas como se ha querido hacer desde hace meses.
Es por eso, que desde ya Comunidad China de Costa Rica respalda el expediente 24.456. Además, de que esto aclararía regulaciones desactualizadas e interpretaciones ambiguas de leyes existentes y promovería una competencia justa y la innovación en el sector de telecomunicaciones.
"Este proyecto es crucial para evitar que futuras administraciones tergiversen el principio de neutralidad tecnológica, asegurando así una competencia equitativa y abierta entre todos los proveedores tecnológicos," declaró la diputada. Este lunes, la diputada Johana Obando presentó un proyecto de ley, bajo, que busca asegurar que las administraciones en materia de telecomunicaciones interpreten de forma adecuada y ajustada a la técnica el principio de neutralidad tecnológica.
En días anteriores, la congresista calificó de mentiroso al presidente Rodrigo Chaves debido a las acusaciones de que ella y Vanessa Castro apoyaron a los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contra el decreto 5G del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
“Una vez más, el presidente miente al pueblo al hablar sobre el decreto de ciberseguridad y relacionarlo con 5G. Lo que hace es desviar la atención de algo que está generando, por dicha, que ingresen otros operadores y haya libre competencia, muy diferente al decreto que él mismo firmó y que hace una afectación directa al ICE y ahora evade su responsabilidad como ha acostumbrado hacerlo.
Desde hace días, la congresista viene asegurando que el decreto 5G que impulsa el gobierno obligaría a construir una red que es muchísimo más costosa y que además tomaría muchísimos años para alcanzar la cobertura existente, mientras que los operadores privados optan por las opciones más costosos efectivas que les han permitido, por ejemplo, desplegar el 5G en unos pocos meses.
“El decreto 5G es discriminatorio y carece de sustento técnico sólido, ignorando las recomendaciones y advertencias emitidas por entidades especializadas como la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), Infocom y la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (Camtic) y otras organizaciones relevantes en el ámbito tecnológico.
Obando ha señalado que, de no ser por Liberty, que empezó a ofrecer el servicio el mes pasado, Costa Rica sería uno de los últimos países en implementar 5G, frente a haber sido el primero en implementar 4G.
Excluir a las empresas asiáticas del concurso para desplegar el súper internet 5G no va a garantizar de ninguna manera que Costa Rica estará libre de ataques informáticos.
Por el contrario, se corre el riesgo de contratar una tecnología obsoleta y a un mayor costo, aseguró también a Comunidad China de Costa Rica Pablo Sibaja, diputado de Nueva República e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales.
“Costa Rica debe garantizar siempre una neutralidad tecnológica que favorezca al país y a los usuarios. La idea es que se garantice de manera objetiva, que se escogerá al mejor proveedor en temas de seguridad, costo y tecnología, sin importar si se trata de parámetros occidentales u orientales”, dijo.
Agregó que la intromisión del gobierno con el decreto de 5G impacta negativamente, sobre todo al mercado, porque genera estrés y complejidad innecesarias en los operadores y empresas, lo que va en detrimento del libre mercado, la libre competencia y, sobre todo, afectará gravemente al usuario.
Por otra parte, el excluir a las empresas de China del concurso nos pone en una situación diplomática complicada con ese país. Recordemos que en Costa Rica mucha tecnología china proveniente de Huawei ya está en funcionamiento a través del ICE, lo cual, podría complicar las cosas.
Hace aproximadamente dos semanas, Wang Xiaoyao, embajadora de la China en Costa Rica, se reunió con Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), para pedirle que el Gobierno no discrimine a las contrapartes chinas.
“China merece un trato justo, equitativo y no discriminatorio. Estamos a la expectativa de que la parte costarricense adopte una actitud objetiva e imparcial en esta cuestión, persista en su independencia y soberanía, y tome una decisión partiendo de sus propios intereses”, dijo la embajadora.
La reunión se dio un día después de que Bogantes y el presidente Rodrigo Chaves repudiaron las acciones legales contra la aplicación del polémico decreto de agosto de 2023 que margina a empresas chinas interesadas en participar de negocios relacionadas a la tecnología 5G. Chaves habló de “intromisión” e “intereses multimillonarios” que, según él, salpican a diputados, sindicatos e incluso a un juez a cargo de un proceso contencioso administrativo que tiene frenado el referido decreto.
Desde meses atrás se han publicado discrepancias entre China y Costa Rica sobre el decreto de tecnología 5G, con Estados Unidos en el trasfondo como poderoso actor cuyas autoridades han hecho advertencias sobre supuestos riesgos de ciberseguridad en caso de permitirse inversiones chinas en redes tecnológicas.
Este es el argumento hasta ahora del Gobierno, que alega la ausencia china en el Convenio de Budapest que supuestamente regular temas de ciberdelincuencia.
La embajada china reconoce cuestionamientos de Estados Unidos a empresas chinas, pero “no han podido presentar pruebas claras de que Huawei suponga una amenaza para su seguridad”.
La sede china recordó que Huawei cumple 17 años operando en Costa Rica en numerosos proyectos con el Estado, sin que hasta ahora se hayan conocido evidencias de faltas a la ciberseguridad o la vulneración de datos.
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